La Santa Sede ha nombrado «comisario pontificio ad nutum Sanctae Sedis» de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio a mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa. Así lo adelantó ayer el nuncio de Su Santidad en España, mons. Bernardito Auza, y así lo ha hecho público esta mañana el propio arzobispo en rueda de prensa. Se trata de un nombramiento que le otorga todos los derechos y deberes que el Derecho universal de la Iglesia y el Derecho propio del Instituto atribuyen al Superior Mayor y a su Consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil.
El nombramiento se produce como respuesta a una petición de ayuda que la federación clarisa de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenece el monasterio beliforano, solicitó a la Santa Sede. Se ha hecho público el día en que expira la responsabilidad de sor Isabel como abadesa del monasterio de la Bretonera. Precisamente anoche, se remitió un burofax a la hasta ahora abadesa comunicándole la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio, con efectos inmediatos. Un nombramiento que le otorga poder total, superior al de la abadesa y el consejo del monasterio, respecto a todas sus competencias y atribuciones.
«Mi tarea es ayudar; ayudar al monasterio y ayudar a la federación», ha declarado el arzobispo. Y aunque sea un «nombramiento unipersonal» ha asegurado que «actuará de modo colegial», buscando siempre «el diálogo abierto». Para ello, él mismo encabezará una comisión gestora que contará con la asistencia de la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, la madre Javier Soto, y su secretaria federal, Carmen Ruiz, que velarán por el cuidado de la comunidad. Junto a ellas, el vicario judicial de la archidiócesis, Donato Miguel Gómez, se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico, mientras que el director de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Sáiz, coordinará los aspectos relativos al ámbito civil. También contarán con la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y sus bienes y se encargará la realización de una auditoría y un inventario. Asimismo, y si fuera necesario, se contará con la ayuda de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal o penal.
Sin tiempo y con delicadeza
El nombramiento se produce «ad nutum», «hasta que la voluntad de la Santa Sede sea otra», haciendo que el comisario actúe en nombre del Santo Padre, de quien depende en última instancia el cenobio beliforano. El arzobispo no se plantea ni tiempos ni plazos para lograr revertir la decisión de las religiosas de abandonar la Iglesia católica, como expresaron en un manifiesto y «sigue orando» para lograrlo.
«Queremos ser delicados con las personas y actuar con prudencia. No tenemos prisa, queremos ir paso a paso», ha declarado. «Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia», ha detallado. De no dar marcha atrás, su decisión las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial, con la consecuente declaración de excomunión ‘latae sententiae’. «Confiamos vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo».
La comisión gestora también velará «de forma prioritaria» por el bienestar de las hermanas mayores. «Tenemos constancia del cuidado esmerado que les ofrecen, aunque nos aflige que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado». Además del diálogo con las religiosas, la comisión gestora plantea algunas medidas a adoptar. Entre ellas, la prohibición de acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles a Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, a quienes el arzobispo ha expresado «perdonar», evitando responder a las descalificaciones vertidas contra él.
Por último, el comisario pontificio ha recordado que los monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas. «Si se llegara a decretar la supresión de los monasterios, por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa (denominada Cor Orans), todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos».
